La ley española obliga a los residentes en España a declarar los bienes y derechos que posean en otro país (inmuebles, cuentas bancarias, títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, seguros de vida, etc.). En una Sentencia de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19, Comisión / España), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que dicha ley es contraria al Derecho comunitario. Pués, restringe de manera injustificada la libre circulación de capitales en la Unión Europea de la que se benefician los ciudadanos y las empresas.

Comentario de la Sentencia del TJUE (27/02/2022, asunto C-788/19, Comisión europea/Reino de España) [3].