El Parlamento europeo censura los abusos urbanísticos en España

 

Fiebre constructora

De hecho, antes de estallar la crisis financiera mundial al otoño de 2008, el sector español de la onstrucción ha concocido años de prosperidad que « han conllevado considerables beneficios financieros para el sector y excesos de construccion ", recuerda la Comisión de Peticiones, de tal modo que « se encaminaba al desastre ». Por consiguiente, existen en la actualidad, segun las cifras de la Comisión, un millon y medio de viviendas de nueva construcción esperando comprador y unos cuantos campos de golf, basados « en las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores inmobiliarios y urbanizadores ». La situación da paso, pués, ahora a una grave recesión en el país. En la exposición de motivos del proyecto de Resolución presentado por la Comisión se puede leer el análisis muy crítico siguiente « Hoy en dia, miles de ciudadanos europeos siguen siendo victimas de un sistema de urbanizacion masiva que en muchas ocasiones, segun la Comision de Peticiones, ha ignorado sus derechos legitimos como propietarios, al tiempo que ha destruido el medio ambiente costero mediterraneo y los fragiles ecosistemas en muchas zonas del litoral y el interior de Espana. Varios peticionarios han presentado su caso para su control en diversas ocasiones durante las muy concurridas reuniones de la Comision de Peticiones, y las autoridades, sobre todo las de la Comunidad Valenciana y, en menor medida, las de Andalucia, han aprovechado la oportunidad de defender sus actuaciones » (1).

Atraídos por el país y las condiciones de vida, miles de ciudadanos procedentes de varios Estados de la Unión europea han comprado bienes inmobiliarios en España en toda buena fe, actuado con abogados y notarios, arquitectos y urbanistas locales para descrubir después que han sido victimas de abusos urbanísticos cometidos por « autoridades locales poco escrupulosas » y que, por consiguinete, sus propiedades deben ser demolidas porque se ha descubierto que han sido edificadas ilegalmente. Estos abusos siguen existiendo, ya que la Comisión parlamentaria observa que « los agentes inmobiliarios de los Estados miembros, como los del Reino Unido, y otros prestadores de servicios relacionados con el mercado inmobiliario en Espana, siguen poniendo a la venta propiedades en urbanizaciones nuevas, a pesar de que tienen necesariamente conocimiento de que existe una posibilidad evidente de que el proyecto en cuestión no se termine o no se construya ».

Consecuencias de la urbanización sin freno

La consecuencias de la urbanización desenfrenada se presencian, por ejemplo, en las zonas costeras del Méditerraneo invadidas por hormigon y cemento, y cuyo medio ambiente a pesar de ser protegido en virtud de las directivas europeas sobre Habitats/Natura 2000 (2) y aves (3), ha sido gravemente dañado (4) Tambien se han causado daños a los paísajes y a la actividad social y cultural de muchas zonas al destruír sitios arqueologicos, edificios y lugares de interes cultural, asi como su entorno (5). Y todo ello « principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construccion que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades » acusa la Comisión.

El problema ha podido perdurar porque las autoridades españolas centrales, a pesar de haber votado una Ley de costas en 1988 no se han preocupado por hacerla respetar y porque, las comunidades autonomas y los municipios siendo competentes en materia de planificación urbanística, coexisten y se surperponen normas y procedimientos diferentes que originan una gran complejidad. Además, las Comunidades Autonomas han demostrado laxismo en la aplicación de la legislación urbanística y medioambiental asi como para asegurarse de la conformidad a las directivas europeas de las actuaciones urbanizadoras (considerando V de la propuesta de resolución). 

Situación jurídica confusa

En los ultimos años, mientras que la Comisión de la Eurocamara realizaba sus investigaciones, las autoridades judiciales españolas han llevado al cabo las suyas. Y el resultado es una lista de de politicos y funcionarios locales españoles que han sido detenidos trás haber sido convictos de corrupción en relación con acuerdos de urbanización masiva. Al mismo tiempo se ha recuperado la Ley de Costas que se pretende aplicar con efectos retroactivos a raíz de que, pués, muchos bienes adquiridos por propietarios de buena fe son demolidos.

Estas medidas conducen a interrogarse sobre su coherencia y su equidad. Indudablemente, la preocupación de las autoridades españolas para conservar y restaurar el entorno costero es legitima, aunque tardía. ¿Pero, porque aplicar con tanto rigor la Ley de costes después de practicamente 30 años de desuso cuando se construía sin control y se autorizaba la compra de viviendas de conformidad con todos los requisitos legales, salvo la ley inaplicada ? ¿Y porque aplicarla hoy a estas cuando se tolera la construcción de nuevos pisos ?

Además de verse obligados de ceder sus bienes, los propietarios no consiguen lograr une indemnización,  segun las peticiones recibidas por la Comisión, porque las sentencias dictadas en muchos de los casos de corrupción no pueden ejecutarse de forma que compensen a las victimas de los abusos. En otros casos, vecinos de un proyecto de urbanización se han visto obligados por las autoridades locales  a abonar dinero para contribuír a los equipamentos de dicha urbanización (6).

¿Porque interviene el Parlamento europeo ?

Una cuestión puede plantearse, a saber : ¿Porque se interesa el Parlamento europeo a un asunto que a primera vista tiene un caracter  nacional y no comunitario puesto que la Unión europea no tiene competencia en materia de urbanismo ?

El asunto de los abusos urbanísticos fué planteado ante el Parlemento europeo mediante peticiones de particulares, o grupos de ciudadanos, españoles como nacionales de otros países de la Unión europea para llamar la atención de los eurodiputados (7). En efecto, cualquier ciudadano de la Unión o residente en cualquiera de sus Estados miembros puede presentar una petición al Parlamento Europeo, individualmente o en asociación con otras, sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. La misma posibilidad existe para las empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la Unión Europea. La petición puede tener por objeto una queja o en una solicitud y puede estar relacionada con asuntos de interés público o privado, ser relativa a la aplicación del Derecho comunitario, o ser un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que tome posición ante un asunto concreto. Estas peticiones dan al Parlamento la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución.

Las peticiones que se cumplen con estos requisitos son admitidas a trámite por la Comisión de Peticiones del Parlamento. Esta decide el curso que debe dárseles. Según los casos, puede pedir a la Comisión Europea que efectúe una investigación preliminar e informe de si se respeta o no la legislación comunitaria pertinente, transmitir la petición a otras comisiones del Parlamento Europeo para que éstas informen o inicien otras acciones y, en casos excepcionales, someter un informe al Parlamento para que sea votado en sesión plenaria o bien efectuar una visita para recoger información sobre el terreno. Tambien puede  adoptar las medidas que considere adecuadas para tratar de resolver un problema.

¿Que puede hacer la Unión europea en concreto?

El problema de los abusos urbanisticos abarca de hecho, varios aspectos, algunos de los cuales no son de competencia comunitaria, y otros si.

Se trata, por ejemplo, del derecho a la propiedad privada que esta reconocido como derecho fundamental de los ciudadanos europeos en virtud del articulo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales y de la jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades europeas. Pero, como lo reconocen los considerandos de la Resolución adoptada por el Parlamento, « cuando una normativa nacional no esta comprendida en el ambito del Derecho comunitario, se carece de competencia comunitaria para apreciar la conformidad de dicha normativa con los derechos fundamentales ». Mejor dicho, ya que la competencia en materia urbanística es nacional, los ciudadanos que consideran que su derecho de propriedad ha sido dañado por una ley en esta materia, deben dirigirse a las autoridades españolas y, en caso de no obtenir satisfacción ante los tribunales nacionales, interponer un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estaburgo.

Otro argumento, más eficaz, a favor de la intervención de la Unión europea es la obligación que tienen los Estados miembros de respectar el Derecho comunitario. Eso implica por ejemplo que sus leyes no contradigan la legislación de la Unión. Ahora bien, las practicas examinadas cuestionan la aplicación de varias disposiciones comunitarias relativas al derecho de protección del medio ambiente y del agua, asi como las reglas en materia de contratación pública.

A raíz de ello, la Comisión europea ya ha abierto, pués, un procedimiento de infracción contra España relacionado con la urbanización en la Comunidad Valenciana y la aplicación de las Directivas sobre contratos publicos, y esta investigando otros supuestos incumplimientos de la legislacion comunitaria en asuntos relacionados con el medio ambiente y el agua.

En cuanto al Parlamento europeo, propone en la  Resolución votada el 26 de marzo de utilizar tambien el arma  presupestaria y de reducir o suprimir las ayudas comunitarias otorgadas a España mediante los fondos estructurales y de cohesión hasta que no se solucione el problema (8).

Con esta resolución se propone ejercer una presión sobre el Gobierno español para que se habrá un debate público a fin de reformar las reglas de urbanización.

02/04/2009

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1 - Informe sobre el impacto de la urbanizacion extensiva en Espana en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicacion del Derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas (2008/2248(INI)), Comision de Peticiones, Ponente: Margrete Auken, 20.2.2009, n° A6-0082/2009 . El informe ha sido votado por le Parlamento europeo por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, el 26 de marzo (« Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas »)

2 - Directiva del Consejo 92/43, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres

3 - Directiva del Consejo 79/409, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservacion de las aves silvestres

4 -  Por ejemplo, petición 0516-07 “on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area, de l’ Asociacion de Vecinos Partida Pitchell o petición 0616-07 *Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia" de Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

5 - Por ejemplo, petición 0774-08  “on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain” del Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

6 – Por ejemplo, petición 1146-08, La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

7 - Existe un formulario electrónico para presentar una petición

8 - PE, Resolución : "Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas", Estraburgo, 26/03/2009