Noticias europeas, deciembre de 2011
Las noticias de la Unión Europea relativas a los proyectos de reglamentos, y directivas presentados en diciembre de 2011 estan presentadas segun un orden cronológico, de la más reciente a la más antigua
Ver tambien las noticias breves de enero de 2012
Protección de los menores contra la sustracción internacional: el Convenio de La Haya de 1980 sobre la soustracción internacional de menores garantiza el retorno inmediato de los menores sustraídos por un progenitor a su país de residencia y protege el derecho de visita. Fue ratificado por 86 países, incluidos todos los países miembros de la Unión Europea.
De conformidad con el apartado 4 del artículo 38 del Convenio que dispone que éste se aplica entre el Estado que se adhiere y los Estados contratantes que hayan declarado que aceptan esa adhesión, la Comisión Europea presentó el 21/12/2011 al Consejo una propuesta para aceptar la adhesión de ocho nuevos países: Rusia, Albania, Andorra, Armenia, Gabón, Marruecos, Seychelles y Singapur. Las normas del Convenio de La Haya completan las normas europeas vigentes entre los países miembros de la UE (Reglamento 2201/2003, denominado reglamento Bruselas II bis) que organizan el retorno del menor, con objeto de extender de esa manera la protección a escala mundial.
Reforma de la legislación comunitaria relativa a contratos públicos: la contratación pública representa un 18% del PIB de la Unión Europea. La revisión de las directivas comunitarias sobre la contratación pública es una de las acciones prioritarias previstas en el Acta del mercado único adoptado en abril de 2011. La Comisión Europea presentó del 20/12/2011 propuestas con el fin de facilitar la adjudicación de los contratos y permitir a los poderes públicos de comprar con la mejor relación calidad-precio (“value for money”).
Las nuevas normas son las siguientes:
- recurso más frecuente a la negociación, generalización de la vía electrónica para la comunicación en el ámbito de la contratación pública, reducción de la documentación requerrida a los agentes económicos;
- acceso más facil de las PYME a los contratos públicos, por ejemplo gracias a une incitación fuerte para el reparto en lotes de los contratos y a la limitación de los requisitos de capacidad financiera a la hora de presentar una oferta;
- un mejor uso cualitativo del sistema público de pedidos haciendo hincapié en los criterios sociales y medioambientales;
- mejoras de las garantías existentes a fin de evitar los conflictos de interés, el favoritismo y la corrupción, con el fin de garantizar aún más la integridad de los procedimientos habida cuenta de los intereses financieros en juego;
- designación por los Estados miembros de una autoridad nacional única encargada de controlar los contratos públicos.
La reforma incluye también una nueva directiva sobre las concesiones. Abarcará los acuerdos de asociación entre una entidad en general pública y una empresa a menudo privada, en la que esta última asume el riesgo de explotación relativo al mantenimiento y al desarrollo de las infraestructuras (puertos, distribución de agua, aparcamientos, carreteras con peaje, etc) o al suministro de lservicios de interés económico general (energía, salud, distribución y tratamiento del agua y eliminación de los residuos, etc). Las concesiones serán sujetas a una publicación obligatoria en el Diario Oficial de la UE. La Directiva precisará también las obligaciones de los poderes adjudicatores en cuanto a la elección de criterios de selección y atribución. Impondrá algunas garantías básicas que deberán respetarse durante el procedimiento de adjudicación y extenderán las normas de la Directiva sobre los recursos en materia de contratación pública a todas las personas interesadas en la obtención de una concesión.
Espacio único de pagos en euros: el Consejo de la Unión europea confirmó el 20/12/2011 que se ha logrado un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre el proyecto de Reglamento relativo a exigencias técnicas para las transferencias y domiciliaciones en euros. El Reglamento podrá adoptarse en primera lectura y permitirá que la zona única de pagos en euros (SEPA por sus siglas en inglés) se concrete gracias a normas técnicas comunes que permitirán estandarizar los pagos transfronterizos.
Por consiguiente, un ciudadano no tendrá necesidad de tener varias cuentas bancarias a fin, por ejemplo, de ingresar el salario ganado en otro país miembro o de pagar facturas en otro país, y podrá usar para ello una cuenta bancaria única. El Reglamento dispone que los bancos tendrán un plazo hasta el 01/02/2014 para eliminar los obstaculos nacionales a las transferencias y a las domiciliaciones. También preve la supresión progresiva de las tasas multilaterales de intercambio para pagos internacionales a partir del 01/02/2017 y para pagos transfronterizos de aquí al 01/11/2012.
Revisión de la Directiva sobre las cualificaciones profesionales: con el fin de hacer más fácil la libre circulación de trabajadores en la Unión europea, la Comisión propusó, el 19/12/2011, modificar la Directiva comunitaria 2005/36 relativa a las cualificaciones profesionales. Uno de los cambios propuestos es la creación de una tarjeta profesional europea que permitiría un reconocimiento mutuo más fácil y rápido de las cualificaciones en todos los países de la Unión. La nueva Directiva preve también una ventanilla única que permitirá a los profesionales que soliciten el reconocimiento de sus cualificaciones obtener información y hacer en linea los trámites necesarios. Los requisitos mínimos de formación que deben cumplir algunas profesiones se actualizan (las profesiones en cuestión son profesiones médicas y paramédicas así como los arquitectos).
Un sistema de alerta obligará a las autoridades competentes de un país a avisar a sus homólogos de los otros países miembros cuando un profesional sanitario es objeto de una prohibición de ejercer.
Otras novedades son la instauración de marcos comunes de formación y de examenes comunes y la obligación para los Estados de proporcionar una lista de sus profesiones reguladas y justificar la necesidad de tal regulación.
Impuestos sobre sucesiones transfronterizas: cuando una persona hereda propiedades en otro país que el suyo, puede ser obligada a pagar impuesto sobre succesión en este país y en el suyo y la carga del impuesto puede ser excesiva.
Para suprimir el problema de la doble imposición, la Comisión Europea propusó, el 15/12/2011, un conjunto de medidas sobre la fiscalidad de las sucesiones, incluídas en una comunicación, una recomendación y un documento de trabajo.
En lo que se refiere a la doble imposición, la Comisión no propone armonizar las distintas normas nacionales. Recomienda más bien una aplicación más amplia y más flexible de las medidas nacionales destinadas a eliminar la doble imposición, para reducir las cargas fiscales.
En cuanto al problema de la discriminación que se plantea cuando Estados miembros aplican tipos de imposicion más elevados si los activos, la persona fallecida y / o el legatorio se encuentran fuera de su territorio, la Comisión recuerda que el derecho de la Unión Europea prohíbe la discriminación y las legislaciones cuyo efecto es obstaculizar la libre circulación. El documento sienta los principios de una fiscalidad sobre succesiones y donaciones no discriminatoria con ejemplos procedentes de la jurisprudencia comunitaria para que los Estados se conformen al derecho de la UE.
Propuestas para reforzar los derechos consulares: los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea se benefician de protección consular cuando se encuentran en países terceros. Gracias a ésta pueden pedir ayuda a cualquier consulado o embajada de otro Estado miembro de la UE si el país del que son nacionales no dispone de representación en el país tercero y ser evacuados si es necesario, como los propios nacionales del país miembro al que han solicitado asistencia. En una propuesta hecha pública el 14/12/2011, la Comisión Europea preve mejorar la asistencia que se debe proporcionar a los ciudadanos de la Unión envueltos en situaciones de crisis, como las que se produjeron en 2011 en Japón, en Libia y en Egipto, o emergencias durante sus viajes al extranjero.
Más información en el sitio Internet de la Comisión Europea sobre la protección consular
Recortes para la función pública europea: denigrados a menudo – sin muchos motivos para ello – los funcionarios europeos son objeto de propuestas de reformas que, según la Comisión, permitirán realizar un ahorro de 1.000 millones de euros en 2020 y más de 1.000 millones de euros al año a más largo plazo. El contexto es difícil y los gobiernos de los estados miembros demandan a la Unión Europea que participe en el esfuerzo de austeridad.
Con todo, la importancia del presupuesto comunitario no tiene nada que ver con los presupuestos nacionales: asciende en, aproximadamente, un 1% del PIB de la Unión Europea cuando suele representar entre 30 y 50% del PIB en los Estados miembros y, los gastos de administración son poco elevados: 6% aproximadamente del presupuesto comunitario, de los cuales la mitad se dedica a los salarios y las pensiones de los funcionarios. Los funcionarios y agentes de la Unión Europea solo son 55.000 (para 500 millones de habitantes de la UE) un número que se debe comparar con el número de funcionarios de los estados miembros o de las colectividades locales y regionales: ¡como ejemplo, el alcadía de París emplea… a 50 000 personas! Obviamente, los derroches, si hay derroches, existen sobre todo al nivel nacional.
Pero, conforme con una costumbre bien afianzada, los Estados demandan que la Unión Europea demuestre más disciplina presupuestaria como si fuera responsable de la crisis de la deuda soberana que padecen...
Presentadas el 13/12/2011, las propuestas de la Comisión preven, en particular:
- un aumento de la duración de la vida activa (la edad de la jubilación pasará de 63 a 65 años, se facilitará la posibilidad de trabajar de forma voluntaria hasta los 67 años y se limitarán sustancialmente las normas de jubilación anticipada),
- una reducción del 5% del personal de las distintas instituciones durante el período 2013-2017
- un aumento de la semana de trabajo mínima que pasará de 37,5 horas a 40 horas sin ajustes salariales compensatorios
- una reducción del 18% de los sueldos del nuevo personal administrativo y de secretaría
- el mantenimiento de la exacción especial (5,5% en la actualidad) que pagan los funcionarios además del impuesto sobre la renta y su aumento hasta el 6%.