Noticias cortas de la Unión europea, enero de 2012

 

 Las noticias de la Uniòn Europea relativas a las acciones, reglamentos y directivas adoptadas en enero de 2012 estan presentadas segun un orden cronològico, de la mas reciente a la mas antigua .

Ver tambien las noticias breves de febrero de 2012

 

Últimos preparativos para la entrada en vigor de la iniciativa ciudadana: la iniciativa ciudadana que permite a un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la Unión Europea pedir a la Comisión que presente propuestas legislativas fue instaurada por el Tratado de Lisboa (véase el artículo: La iniciativa ciudadana será operativa a partir de 2012). Las medidas de aplicación se precisarón a continuación en un Reglamento de 16/02/2011.

Su aplicación se retrasó un poco, ya que algunos Estados miembros pidierón un plazo para establecer los mecanismos de certificación de las declaraciones de apoyo.

Pero todo está listo ahora para que la iniciativa sea operativa y las primeras iniciativas ciudadanas podrán ser lanzadas a partir del 1 de abril de 2012.

La Comisión Europea acaba de lanzar oficialmente el sitio web que registrará las solicitudes.

Interoperatividad y competitividad de los ferrocarriles europeos: La Unión Europea se dotó de un sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario que incluye, en particular, un sistema europeo de señalización ferroviaria y control de velocidad de los trenes (ETCS). El objetivo es poner fin a la incompatibilidad de los aproximadamente 20 sistemas de señalización diferentes que coexisten en Europa en la actualidad. Un ordenador a bordo utiliza la información que se le transmite del suelo al tren para calcular la velocidad máxima autorizada y ralentiza automáticamente el tren en caso necesario. Más de 4.000 km de líneas europeas son equipadas con el ETCS. En una decisión adoptada el 25/01/2012, la Comisión modifica el proceso de autorización y certificación de las líneas ferroviarias y trenes equipados del ETCS. Restringe los requisitos de ensayo e impone la obligación de llevar a cabo ensayos con los productos de a bordo en laboratorios acreditados.

Croacia dice "sí" a la Unión Europea: por muy amplia mayoría, los croatas votaron en favor de la adhesión de su país a la Unión Europea, en un referéndum, el 22/01/2012. Más del 66% de los votantes respaldaron la entrada en la UE. Pero la participación fue baja (un 43,5%). Croacia firmó el Tratado de adhesión a la Unión Europea el año pasado y se convertirá en el 28.o Estado miembro de la UE el 1 de julio de 2013, después de la ratificación del Tratado por los distintos Estados miembros.

Ayudas del BEI a las PYME españolas: el 20/01/2012, Bankinter y el Banco europeo de inversiones (BEI) han firmado un acuerdo para la financiación de proyectos de inversión promovidos por PYMES y empresas MidCap (hasta 3,000 empleados) por 200 millones de euros. Los fondos del BEI se destinarán a financiar proyectos principalmente en el sector industrial y de servicios.

Los beneficios de la aplicación de la legislación comunitaria sobre residuos: en la Unión Europea, cada persona consume dieciséis toneladas de materiales al año. Seis toneladas se convierten en residuos, la mitad de los cuales acaba en vertederos, que siguen siendo la principal manera de gestionar residuos en muchos países miembros, a pesar de las normas comunitarias vigentes. En un estudio hecho público el 13/01/2012, la Comisión europea considera que si la legislación de la Unión Europea sobre residuos se aplicara en su totalidad, se crearía más de 400.000 empleos de aquí a 2020, el volumen de negocios anual del sector de la gestión y del reciclado de residuos aumentaría en 42 mil millones de euros, y se realizaría un ahorro de 72 mil millones de euros al año.

Janez Potocnik, Comisario de medio ambiente, explica que los residuos deben considerarse como un recurso que es necesario explotar y valorizar en vez de limitarse a enterrarlos.

El estudio expone cuatro conclusiones principales: necesidad de mejorar la información sobre residuos, sacar un mejor uso del principio de quien contamina paga y aumentar los costes de eliminación, reforzar la inspección y la vigilancia en los Estados miembros mediante normas comunes en la Unión Europea, y desarrollar a escala de la UE la vigilancia del cumplimiento de la legislación.

La Comisión quiere basarse en estas conclusiones para elaborar “una combinación equilibrada de instrumentos jurídicos y económicos”. Preve, en particular, incentivos económicos y jurídicos, como, por ejemplo, la tributación o la prohibición de vertederos, la ampliación de los sistemas de responsabilidad del fabricante y la instauración de regímenes de pago por generación de residuos (pay as you throw).

La Unión europea presiona a Hungría: la nueva Constitución húngara adoptada bajo el impulso del Gobierno nacionalista y conservador de Viktor Orban asi como varias leyes recientamente votadas siguen causando alborotos. En un comunicado de 11/01/2012, la Comisión Europea declara que duda de su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea. En diciembre pasado el Presidente de la Comisión, JMD Barroso, y los Vicepresidentes Reding, Kroes and Rehn escribieron a las autoridades húngaras para expresar sus reticencias.

Trás el análisis de los textos controvertidos por su Servicio Jurídico, el ejecutivo comunitario ha anunciado el 17/01, que ha abierto un procedimiento de infracción basado en el artículo 258 del Tratado. Más información en el artículo: la Unión europea presiona a Hungía

Rebelión parlamentaria contra el nuevo proyecto de Tratado europeo: el Tratado intergubernamental sobre la Unión éconómica refozadadecidido en la última Cumbre europea de 9 de diciembre de 2011  está en la actualidad en la fase de elaboración. Una delegación del Parlamento europeo participa en el grupo de trabajo. Se compone de Elmar Brok (PPE, DE), Roberto Gualtieri (S&D, IT) y Guy Verhofstadt (ADLE, BE). Daniel Cohn-Bendit (Verdes/ALE, FR) es miembro suplente. Los eurodiputados se proponen defender las ideas expuestas en varias Resoluciones y que van en contra de la orientación “intergubernamental”: usar las posibilidades del Tratado vigente, y los procedimientos normales de la UE para tomar las “iniciativas importantes”. Ahora bien, no parece que esa sea la orientación que prevalga en el grupo de trabajo y en una declaración de 11/01/2012, los miembros de la delegación encargada de participar en los trabajos de elaboración del nuevo Tratado explicarón que el tratado tal como se precisa es… inaceptable simplemente. Lo afirman rotundamente: “El último proyecto de tratado que se ha propuesto no es compatible con los Tratados vigentes y no respeta el “método comunitario” de toma de decisiones”. Ya que : “el proyecto no garantiza en ningún caso que cualquier decisión para implementar el nuevo acuerdo se adopte por los procedimientos habituales que fijan los tratados de la UE para asegurar el control y la responsabilidad democráticos adecuados”. O sea, los representantes del pueblo no quieren saber nada del método intergubernamental que tanto gusta al presidente francés Nicolas Sarkozy. Es normal. Así como lo destacan los parlamentarios, y es dificil de no estar de acuerdo con ellos, "es esencial que haya responsabilidad democrática mediante la participación parlamentaria en la coordinación económica reforzada, mientras que la cooperación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, según los Tratados de la UE, es imprescindible para el éxito del acuerdo”.

Otro problema planteado por los eurodiputados es la incompatibilidad del nuevo tratado con el derecho derivado de la UE y en particular, con el paquete legislativo (six pack o paquete de seis) sobre gobernanza económica, que se aprobó en septiembre de 2011.

Por último, la política consagrada por el Tratado se critica, ya que, destacan los eurodiputados: “Se deben prever disposiciones para que la estabilidad presupuestaria se realice al mismo tiempo que la solidaridad y el fomento del crecimiento económico”.

En una resolución aprobada por amplia mayoría el 18/01/2012, el Pleno del Parlamento europeo respalda la opinión de la delegación.

Riña entre la Comisión y el Consejo con respecto al estatuto del personal de la Unión europea: el 11/01/2012, la Comisión anunció su decisión de denunciar al Consejo ante el Tribunal de Justicia por haberse negado a adoptar el Reglamento sobre la adaptación anual de las retribuciones y las pensiones del personal de la UE, previsto por el estatuto. Este último dispone que los sueldos y las pensiones de los funcionarios europeos se adaptan de acuerdo con las decisiones políticas de los Estados miembros relativas a los salarios de sus propios funcionarios nacionales. Un aumento o una disminución de los sueldos de los funcionarios nacionales repercute en los sueldos del personal de la Unión.

Desde 2004, se utiliza una muestra compuesta de ocho Estados miembros (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo) y el personal de la UE comparte la pérdida o ganancia que experimenten los funcionarios de dichos países.

Ahora bien, este año, cinco de los ocho estados miembros aumentaron los salarios de sus funcionarios nacionales en términos nominales: Bélgica (3,6%), Francia y Países Bajos (2%), Alemania y Reino Unido (1,3%). En Italia, España y Luxemburgo se registraron pequeñas reducciones salariales.

Por consiguiente, los funcionarios nacionales sufrieron por término medio una pérdida del poder adquisitivo del 1,8% en términos reales. La Comisión propuso aplicar esta pérdida a los sueldos de todos los funcionarios europeos con indiferencia de su lugar de destino. Por ejemplo, para el personal que trabaja en Bruselas, en donde la inflación asciende al 3,6%, esta aplicación se traduce en un ajuste nominal - un aumento - del 1,7%. El Consejo rechaza esta propuesta, con motivo de que es necesario ahorrar en un contexto dificil y que no se pueden aumentar los sueldos de los funcionarios.

Pero el Reglamento sobre el estatuto del personal que él mismo adoptó no le confiere ningun margen discrecional y debe adoptar el valor de ajuste calculado por la Comisión.

¡Qué más da! Un poco de demagogia puede ser util y es facil de complacer a los electores euroescepticos denunciando los "fabulosos" sueldos de los "eurocratas", olvidandose de los derroches presupuestarios nacionales. Es decir, algunos países aplican sin vergüenza el proverbio: “haz lo que te digo, no lo que hago”.

Con mucha logica, la Comisión Europea quiere poner al Consejo ante su responsabilidad y obligarle a enfrentarse a sus contradicciones, y por esta razón lo denuncia ante el Tribunal. Se tratará de determinar si es posible de no aplicar el valor de ajuste basándose en la cláusula de excepción prevista por el Reglamento, que puede utilizarse en circunstancias excepcionales, cuando el método no permite ajustar la retribución de los funcionarios con la suficiente rapidez. En la opinión del Consejo, el deterioro repentino y grave de la situación económica y social en la Unión Europea es una circunstancia excepcional. La Comisión no cumparte su analisis. Asi pués, el Tribunal deberá zanjar el asunto.

El problema no solo es jurídico y financiero : la Comisión no mira con buenos ojos que se denuncie el coste de la burocracia europea. Tiene motivos de rebelarse ya que ha propuesto medidas de austeridad mediante recortes del 5 % del personal, así como mediante la introducción de cambios importantes en el Estatuto (aumento del horario de trabajo semanal de 37,5 a 40 horas sin compensación, aplazamiento de la edad de jubilación hasta los 65 años o hasta los 67 en determinadas circunstancias, remodelación de las estructuras de carrera de secretarios y asistentes). Estas medidas aplicables al personal de todas las instituciones de la UE permitirán ahorrar, si son adoptadas, más de mil millones de euros durante los siete próximos años y mil millones de euros al año a largo plazo. Ademas, cabe recordar que los gastos de administración representan un 6% del presupuesto de la UE y que este se limita a mas o menos 1% del PIB comunitario (cuando los presupuestos nacionales representan, segun los países, entre 30% y 50% de sus PIB respectivos).