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¿Que futuro para el acuerdo de Schengen? (1)

 

Con motivo de los recientes acontecimientos y a petición de los Estados, la Comisión Europea ha presentado el 04/05/2011 una comunicación sobre la migración que propone acciones y herramientas para “una gestión eficaz de las fronteras”. No se trata solo de controlar las fronteras sino de reforzar y desarrollar una política europea de inmigración.

 

La ridicula tragicomedia que nos infligieron los dirigentes franceses e italianos con motivo de que sus territorios respectivos estaban invadidos (o amenazado de serlo) por un colosal ejército… de 30 000 inmigrantes tunecinos tuvo, por lo menos, una consecuencia interesante que es de revelar las carencias de la política común de inmigración.

Obviamente, puesto que los países europeos se pusieron de acuerdo para considerar que las fronteras exteriores de la Unió europea son fronteras comunes, no deberían dejar a los solos países en los cuales se encuentran la tarea y la responsabilidad de controlar estas fronteras. Tampoco no deberían gritar "lobo!" a continuación si a veces dichas fronteras resultan permeables. Como lo recuerda la Comisión europea se producen 650 millones de cruces fronterizos anuales en el conjunto del espacio Schengen (según una recopilación de datos en todos los pasos transfronterizos de la frontera de la UE llevada a cabo del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2009 : 12,6 millones de personas cruzan regularmente la frontera cada semana. 73,5% son ciudadanos de la UE o personas que gozan de derecho a libre circulación conferido por la Unión - 9,1 millones/semana -, el 15,2% son ciudadanos de países terceros que no necesitan visado - 2,1 millones/semana-  y el 11,3% son ciudadanos de países terceros titulares de un visado - 1,4 millón/semana - ). Hay que reconocer, pués, el importante trabajo importante cotidiano que representan los controles en los pasos fronterizos sobretodo en aquellos Estados miembros que como Italia, Malta, Grecia, y Chipre estan expuestos más directamente a la llegada masiva de inmigrantes.

La Unión Europea por su parte se ha esforzado en no ser pasiva. Ayudó a la acogida de refugiados y personas desplazadas en los países vecinos de Libia. En las fronteras de la Europa comunitaria, FRONTEX se movilizó para ayudar a Italia (operación Hermes 2011), EUROPOL envió un equipo de expertos a Italia, para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad italianas a identificar a posibles traficantes de ser humanos entre los emigrantes ilegales, una ayuda financiera fue proporcionada a aquellos Estados miembros que se encuentran más expuestos a la afluencia creciente de refugiados e inmigrantes irregulares.

O sea, la Unión europea utilizó los medios operativos y financieros de los que dispone y si no hizo más, la responsabilidad no es suya sino de los Estados que se han negado en darle más medios y siguen negandose. En efecto, ¿qué hacen los países europeos después del incidente franco italiano? Ceden a la presión de algunos Gobiernos y piden revisar… el acuerdo de Schengen que instaura un espacio sin fronteras entre los países miembros donde se garantiza la libre circulación, uno de los principios que fundamentan la integración europea (1). Ciertamente, no se trata de abandonarlo, pero a pesar de todo, de permitir a los países miembros restablecer controles en las fronteras internas en ciertas circunstancias.

Bajo la presión de los Estados, y tal vez ansiosa por contrarrestar un debate dañino para la Unión europea, la Comisión ha presentado el 04/05/2011 una comunicación sobre la migración que propone medidas y herramientas para “una gestión eficaz de las fronteras” (2).

La propuesta abarca el control de las fronteras (calificado de “medidas a corto plazo”) y medidas que deben adoptarse en el marco más amplio de una política de inmigración: remate del sistema europeo común de asilo, mejor organización de la migración legal, intercambio de mejores prácticas a fin de lograr la buena integración de los inmigrantes, y un planteamiento estratégico para las relaciones con terceros países sobre la cuestión de la migración (medidas a largo plazo).

El contexto

Las revoluciones en los Países del sur del Mediterráneo han supuesto para millones de personas la esperanza de una vida mejor pero también se han acompañaron de fenómenos de emigración para huir de la represión, la pobreza y la incertidumbre. Estas migraciones afectan además directamente a los países vecinos: Túnez, por ejemplo, se enfrenta a una afluencia de refugiados libios mucho más importante que la que han experimentado Italia y Francia y con medios menores. La crisis que padece la la Unión Europea produce actitudes de rechazo y repliegue identitario. En ese contexto, los temas relacionados con la inmigración tienen repercusiones políticas cada vez más importantes, como lo destaca la propia Comisión Europea. En octubre de 2008, el Consejo Europeo adoptó un pacto europeo sobre inmigración y asilo para promover una política común de la UE. Este plan define cinco compromisos: organizar la inmigración legal, luchar contra la inmigración irregular, reforzar los controles en las fronteras exteriores, establecer un sistema de asilo europeo y crear una asociación mundial para la migración y el desarrollo. Estos compromisos se reafirmaron con más detalles en el programa de Estocolmo aprobado por el Consejo en diciembre de 2009. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa dio un nuevo marco jurídico a la política de inmigración de la UE asociando al Parlamento Europeo a la toma de decisión.

 

La inmigración legal selectiva

 

La Comisión Europea recuerda que la población de la Unión Europea envejece. Por consiguiente, si la UE desea “seguir siendo competitiva y poder mantener la viabilidad de su modelo social”, no sólo debe combatir el desempleo sino también, al mismo tiempo, actuar para satisfacer las necesidades que se preven en su mercado de trabajo gracias a una política de inmigración específica.

En 2007, la Comisión Europea presentó dos propuestas de Directiva para dar un marco a las migraciones económicas (veanse el artículo: la Unión Europea opta por la inmigración selectiva). Una de ellas preve la creación de una tarjeta azul europea para los inmigrantes regulares. Se adoptó en mayo de 2009 (3).

El primer texto (4) todavía no ha sido adoptado, debido a divergencias entre el Parlamento y el Consejo.

Por ultimo, la Comisión trata del problema de la integración de los inmigrantes en regulares. Recuerda que implica esfuerzos tanto por parte de los inmigrantes como de la sociedad que los acoge: “la integración implica un equilibrio entre gozar de los derechos y respetar las leyes y la cultura del país de acogida”. La Comisión presentará pronto una propuesta de programa europeo para la integración de los emigrantes centrado en la participación de los inmigrantes en los países de acogida, las medidas a nivel local y la implicación de los países de origen en el proceso de integración.

Sigue


1 - El espacio Schengen incluye veintidós de los veintisiete miembros de la Unión Europea (UE). Bulgaria, Rumania y Chipre no son miembros de pleno derecho ya que se mantienen aún controles en las fronteras. Noruega e Islandia, que no son miembros de la UE, tienen un estatuto de asociados. Suiza también se incorporó al espacio Schengen en diciembre de 2008. El Reino Unido e Irlanda se benefician de un estatuto particular en la medida en que obtuvieron de no participar en la totalidad de las disposiciones Schengen - cláusula de opting-in -)

2 - Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones, Comunicación sobre migración, COM(2011) 248 final, Bruselas 04/05/2011

3 -  Directiva 2009/50 de 25/05/2009 relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado 

4 - Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro

 

 

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