Productos químicos: una reforma dificil

 

En octubre de 2003, los medios de comunicacíon hacìan publica una investigación realizada por Greenpeace cuyas conclusiones eran alarmantes para la salud humana: revelaban la presencia de sustancias químicas muy nocivas en los hogares. El mensaje dirigido a las autoridades de la Unión Europea que se preparaban a examinar una propuesta de Reglamento sobre los productos químicos, quedaba claro. Unos meses más tarde, la propuesta sigue su camino en el procedimiento legislativo , mientras se desarolla una intensa campaña de cabildeo.

Génesis de la propuesta

La Comisión Europea admite que el objetivo perseguido es ambicioso puesto que se trata por una parte, de preservar la competitividad de una industria esencial para la economía de la Unión Europea reduciendo algunos trámites, y, por otra parte, de garantizar una protección "de alto nivel" de los consumidores y del medio ambiente.

Ahora bien, queda mucho por hacer en ese àmbito, como lo demuestran los resultados de la investigación realizada por Greenpeace al otoño 2003 en 50 hogares de 10 ciudades francesas (1). Los escandallos de polvo efectuados en estos alojamientos se analizaron en varios laboratorios europeos. Yannick Vicaire, responsable de la "Campaña Tóxicos", comenta los resultados: "Nuestro informe ilustra con cladidad la contaminación generalizada de nuestros alojamientos por aditivos tóxicos y persistentes incluìdos en los bienes de consumo corrientes. Demuestra el fracaso de la normativa química actual que debe proteger los ciudadanos de una exposición permanente a las sustancias capaces de acumularse en el cuerpo humano ". Estas sustancias se utilizan como aditivos en numerosos productos: lejìas, cosméticos, pegamentos, distintos plásticos... Entre las sustancias detectadas en el polvo figuraban, en particular, phthalates toxìcos para la reproducción y parafinas tratadas cancerígenas.

Contenido de la propuesta: más información pertinente

Publicada el 29/10/2003, tras una consulta pública, la propuesta de la Comisión revisa la normativa comunitaria actual de los productos químicos que consta de aproximadamente 40 directivas y reglamentos (2).

En resumèn, se trata de obligar a los industriales a proporcionar datos de seguridad sanitaria y medioambiental relativos a la mayoría de las sustancias producidas en la Unión Europea y someter las más peligrosas a un régimen de autorización. Más concretamente, el elemento esencial de la legislación considerada es el sistema REACH. Se trata de un sistema integrado de registro, evaluación y autorización de los productos químicos en virtud del cual las empresas que producen, importan y utilizan tales productos deberán evaluar los riesgos que se derivan de su utilización. En este enfoque, la carga de la prueba se transfiere de las autoridades públicas a las empresas ya que estas deben demostrar que los productos químicos comercializados están seguros mediante expedientes de información completos sobre las características de las sustancias que quieren hacer registrar.

El sistema se establecerá de forma progresiva sobre un período de once años. Se aplicará en primer lugar a las sustancias a fuerte tonelaje que requieren más datos.Tambien se registrarán precozmente los productos químicos más sensibles (como los productos cancerígenos mutágenos o tóxicos, las sustancias persistentes y venenos) que se someterán a un régimen de autorización. En cambio, se aplicarán modalidades mucho menos estrictas a otros productos (como los polímeros utilizados como materias primas en las materias plásticas, los detergentes y numerosos otros productos). Enfin, se eximirán de registro algunas sustancias si el riesgo de exposición es escaso. Todas las sustancias químicas producidas a más de una tonelada por año serán sometidas al registro, lo que representa un 80% aproximadamente del conjunto de las sustancias, según la Comisión.

Una nueva agencia serà instituìda a fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema REACH. Administrará la base de datos de las sustancias, recibirá los expedientes de registro y proporcionará al público la información no confidencial. Aconsejará a la Comisión y proporcionará orientaciones a los estados y a las empresas. También esta previsto un sistema de intercambio de datos al cual tendrán acceso las empresas, con el fin de limitar como máximo las pruebas sobre animales y reducir los costes.

 

Presiones de todas clases

El 29/10/2003, la Comisión presenta su propuesta. Los observadores apuntan que el texto no es tan ambicioso como el ante proyecto. Las autoridades nacionales han escuchado las críticas de los industriales que denuncian el carácter burocrático del reglamento y los riesgos vinculados al empleo en el sector de la química. Así pues, los Presidentes aleman, británico y frances, pidieron a la Comisión revisar su proyecto.

Por lo tanto, a pesar de haber sido modificada para tomar en cuenta los argumentos de los unos y de los otros, la propuesta de la Comisiòn sigue siendo criticada a la vez por los industriales y por las organizaciones de consumidores y defensa del medio ambiente.

Del lado de los industriales, la Unión de las industrias químicas (UIC, organizaciòn francesa) impugna la utilización de criterio del tonelaje como criterio de aplicación del sistema REACH. Ademas, el sindicato patronal considera que el papel de la futura agencia europea no es suficientemente centralizador: el hecho de que las autorizaciones se presenten a los Estados generará, según él, distorsiones de competencia. Por último, la UIC insistè en el aumento de los costes que resultaran de las nuevas obligaciones que pesaran sobre las empresas y pide la realización de un estudio de impacto coste-beneficio. Los argumentos de la UIC dan una idea de la importancia de la presión ejercida por sus lobbyistas sobre las instituciones europeas: según la UIC, la normativa se traducirá en subidas de costes, paros de producción o deslocalizaciones fuera de la Unión Europea de algunas producciones. Para Francia el impacto global en horizonte diez años de esta normativa ascendería a 28 mil millones d ' €, o sea un 1,6% del PIB francés. A nivel social, la pérdida sería de 360.000 empleos para el conjunto de la economía francesa (3).

Las organizaciones de consumidores y defensores del medio ambiente no comparten ese pesimismo y recuerdan las cifras otorgadas por la Comisión: en octubre de 2003, ésta evaluaba los costes directos de REACH para la industria química en 2,3 mil millones de euros sobre un período de 11 años, lo que representa unos 0.2 mil millones de euros al año o sea un porcentaje evaluado en 0.04% de la facturaciòn de la industria química (4). Estas organizaciones alegan también que la evaluación del impacto de la futura legislación europea debe también tener en cuenta los enormes beneficios para la salud, el medio ambiente e incluso para la industria a través del estímulo a la innovación y a la producción de sustancias químicas y productos de consumo más seguros. Denuncian las presiones ejercidas para revisar a la baja el alcance de la directiva referiendose, por ejemplo, a la decisión de reducir las obligaciones para las sustancias producidas a menos de 10 toneladas, y, en particular, el hecho de que se hayan suprimido las pruebas de biodegradabilidad, decisiòn tomada bajo la presión de las industrias químicas.

El debate legislativo solo empieza : el texto debe ser examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo de los Ministros debería discutirlo en junio 2004.

 

 

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1 - Los resultados de esta investigación figuran en la web de Greenpeace Francia: www.greenpeace.fr

2 - Comisiòn europeos: "proyecto de reglamento... relativo el registro, a la evaluación y la autorización de las sustancias químicas así como las restricciones aplicables a estos productos (REACH)", COM(2003)644

3 - Según estudios financiados por la UIC. Ver: www.uic.fr

4 - Ver el sitio web concebido por la Oficina europea del medio ambiente (BEE) en colaboraciòn con los Amigos de la Tierra/Friends of the Earth y Greenpeace.